La reforma agraria, medida que busco cambiar la distribución de tierras, fue un hito histórico en nuestro país que afecta al sector agrícola hasta día de hoy. Pero, primero, hablemos de qué se entiende por reforma agraria. Es un proceso político en el que se da medidas económicas y sociales que buscan redistribuir la propiedad para aliviar la desigualdad junto con la mejora de la productividad agrícola.
Para lograrlo, se utiliza la intervención gubernamental y la coerción del Estado. Lo anterior se basa en dos suposiciones: la primera es que la distribución más equitativa de la tierra va a traer efectos deseables y la segunda es que los beneficios de esta, a largo plazo, van a ser mayores que los costos para lograrlo. ¿Qué tan cierto es esto?
¿Qué fue lo que pasó en el Perú? El general Juan Velasco Alvarado tomó el poder en 1968 tras un golpe de estado al presidente electo Fernando Belaúnde Terry. Con el ejército de su lado, inició una dictadura abiertamente de izquierda que duró siete años e incluyó la estatización de la industria y el control gubernamental de las telecomunicaciones.
Al año de su mandato, en 1969, promulgó la Ley de Reforma Agraria en el Perú, justificado en los puntos mencionados. Así, se expropiaron alrededor de 9 millones de hectáreas para aproximadamente 370,000 familias, una cuarta parte de la población rural total. Esto se dio a través de la compra forzada de grandes latifundios, aunque también incluyó propiedades medianas y pequeñas.
La valorización de estas tierras fue considerablemente baja y la mayoría fueron canceladas con bonos que, hasta el día de hoy, no se pagan. Las tierras eran entregadas a los adjudicatarios, quienes se comprometían a pagar en un plazo de 20 años. La mayoría de ellos no eran propietarios individuales, sino cooperativas formadas por los campesinos o ex trabajadores de los latifundios.
Las más importantes eran las Cooperativas Agrarias de Producción y las Sociedades Agrícolas de Interés Social, con el 76 por ciento del total de tierras expropiadas. Esta tendencia de agrupar a los beneficiarios fue una de las razones por las que no se cumplieron las expectativas. La característica colectiva de la propiedad distorsionó la entrega de tierras y dificultó la toma de decisiones.
Además, a pesar de ser trabajadores y accionistas a la vez, el manejo diario de las tierras estuvo a cargo de tecnócratas agrónomos designados por el Estado. Adicionalmente, los campesinos no podían vender sus tierras, pues era la garantía a favor del Estado hasta el pago de la llamada deuda agraria. Además, el valor de las tierras que recibieron los campesinos varió considerablemente.
Esto porque se infló la superficie agropecuaria; es decir, se incluyó dentro de tierra agrícola tierras fértiles, pero también las improductivas ,las sobrexplotadas, pastos naturales, entre otras. Así, se habría agregado un 38% más de la superficie realmente productiva. Esto creó una diferencia entre la distribución de haciendas costeñas y las de la sierra.
Por ejemplo, mil hectáreas de pastos naturales en la sierra podrían sostener alrededor de 500 cabezas de ganado ovino, que con su producción de lana y carne podrían generar un ingreso bruto anual de S/2,400; no obstante, esta cantidad de tierra podría ser considerada un gran latifundio en una hacienda azucarera en el costa, pero podría significar pobreza extrema en la sierra. Entonces, ¿se cumplieron los objetivos de la reforma? Existen varios factores por los que podríamos considerar que la reforma agraria fue fallida.
Por ejemplo, los indicadores de bienestar bajaron considerablemente en nuestro país y pasamos a ser uno de los tres países con mayor tasa de desnutrición en toda la región. Como sabemos, uno de los objetivos será mejorar el nivel de vida del campesino y, a pesar de que en un inicio parecía ser beneficiado, empeoró enormemente para el final de la reforma. Por ejemplo, la misma canasta alimenticia que equivalía a 27 horas de trabajo en el campo, en 1971, para 1985 equivalía a 89 horas de trabajo.
También, la producción agraria nacional sufrió considerablemente. A partir de 1971, la producción de los 13 principales cultivos del país, sin incluir al café por encontrarse en la selva, bajó en 18 por ciento. Finalmente, el nivel de productividad fue severamente afectado.
Entre 1970 y 1980, pasamos de tener el índice más alto de contribución de la productividad con respecto al crecimiento del PBI agropecuario en la región a contribuir negativamente. Esto, en parte, por la falta de inversión en tecnología. La proporción de latifundios y minifundios, hasta el 2012, no varió mucho.
Desde 1961, antes de que se implementara la reforma, lo que sí cambió fue la producción agrícola, su rendimiento y la calidad de vida de los campesinos. Hoy, a pesar de las mejoras, aún estamos considerablemente retrasados en producción agrícola y la falta de tecnología se hace notar si nos comparamos con otros países de la región. Y tú, ¿crees que la reforma agraria fue beneficiosa?
